Paro Nacional Agrario Colombiano

La agenda del paro nacional agrario enfrenta el actual modelo de desarrollo

Con una agenda de seis puntos gruesos, entregados al gobierno de Juan Manuel Santos desde el 8 de agosto, inició el día 16 el anunciado paro nacional agrario.
 
La propiedad de la tierra, el reconocimiento de la territorialidad campesina, la implementación de políticas frente a la crisis de la producción agropecuaria, la inversión social para la población rural y urbana, la participación de pequeños y medianos mineros en la formulación de la política del sector -especialmente el tema de la política de formalización- y las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, son los campos temáticos que estructuran las demandas de los actores sociales que aspiran a que se instale “la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular”. Entre estos actores están organizaciones campesinas y productores agrarios, centrales obreras, viviendistas, maestros, estudiantes, partidos y movimientos políticos, organizaciones de desplazados, movimientos de víctimas, organizaciones de mujeres, movimientos de la salud, y movimientos comunales[1].
 
Cuando se miran los puntos de la agenda se evidencia una propuesta-protesta frente a una estrategia de desarrollo que ha generado un proceso de reconversión del campo, otros lo llamaran un proceso de desagrarización. La información que presenta el Ministerio de Agricultura da cuenta de lo que ha pasado después de 20 años de apertura económica y de las reciente firma de tratados de libre comercio, sumado a las políticas que favorecen intereses de las elites colombianas que han profundizado la concentración de la tierra y el capital y de multinacionales que hoy ven en Colombia el nuevo Dorado por la riqueza de su subsuelo.
 
En las últimas décadas millones de campesinos han sido desarraigados, desplazados, expulsados del campo y expropiados de millones de hectáreas de tierra, hemos venido perdiendo un actor clave del campo, los productores y productoras campesinas, mientras a la par el campo se desagrariza. Desde 1990, año de la apertura económica, venimos perdiendo miles de hectáreas en producción de maíz, frijol, papa, trigo, arroz, soya, entre otros productos básicos para la soberanía alimentaria, mientras aumentan las hectáreas sembradas en palma de aceite, muchas veces asociadas a esa expulsión de miles de familias campesinas de su territorio.
 
La producción de maíz tradicional paso de ocupar más de 700.000 ha., en 1990, a 200.000 ha. en 2010; el trigo, de casi 60.000 ha. a solo 5.000; la soya, de casi 120.000 ha. a menos de 10.000; el arroz (riego), de unas 330.000 ha. a cerca de 140.000. Sólo entre 2009 y 2010, el arroz perdió más de 100.000 ha., mientras en esos dos años la papa pasó de unas 150.000 a 90.000 ha. y el frijol de unas 100 mil a 50 mil ha.
 
Entre tanto, la palma de aceite en las dos últimas décadas paso de unas 100.000 a unas 350.000 ha. Según un balance entregado por la ANDI en diciembre de 2012 los sectores en los que más crecieron las importaciones desde Estados Unidos, entre 2011 y 2012, fueron el sector de alimentos y bebidas. Estas importaciones pasaron  de US$184 millones a US$331 millones con un crecimiento de 80.1%, y destaca el incremento de 137.9% en las importaciones de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas; 86.4% en productos de la molinería, almidones y productos derivados.
 
A esta desagrarización se le suma una política minera que les “sirve” el territorio nacional a las multinacionales, mientras expulsa de su territorio a mineros pequeños y artesanales, y se avizora el peligro de que expanda su mancha sobre la agricultura.
 
Esta agenda de movilización nacional, también pone al centro las Zonas de Reserva Campesina, ya aprobadas en la ley 160 de 1994, que se espera frenen la concentración de la tierra y le den estatus de productor autónomo al campesino. Se pone al centro porque el Gobierno en vez de aplicar la ley permite que grandes grupos económicos y multinacionales con estrategias fraudulentas accedan a baldíos para sus proyectos económicos expansivos, en los que solo ven al campesino como peón o como “socio” que asume los costos de producción, mientras ellos concentran y se apropian las ganancias.
 
Así que los movimientos sociales tienen su propia agenda, porque en la medida en que la verdad del conflicto colombiano viene aflorando va dejando pequeños resquicios para aquellos actores que promueven una agenda de equidad e inclusión, los cuales se van configurando, poniendo sobre la mesa sus agendas y movilizándose por ellas. Así ganan capacidad de negociación e invitan al Gobierno a negociar en una mesa donde estén todos los sectores.
 
Esperemos que la apuesta por la paz acoja también al conjunto de la sociedad y se ponga por encima de la criminalización de los movimientos y actores que están hoy al frente del paro agrario.
 
Anexo
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=832:la-agenda-del-paro-nacional-agrario-enfrenta-el-actual-modelo-de-desarrollo&catid=94:general&Itemid=436
 
Editorial por: María Soledad Betancur Betancur
Coordinadora Observatorio de Derechos Humanos IPC

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