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Petroleros y mineros unidos contra las áreas naturales protegidas

Petroleros y mineros, después de destruir y contaminar todo lo que tocaron, ahora también quieren invadir los parques nacionales del Perú

Actualidad Ambiental, 17 de agosto, 2016.- Parece pesadilla pero es realidad. Al mismo tiempo que los medios traen diariamente noticias de indígenas amazónicos sufriendo por derrames de petróleo, de pueblos andinos padeciendo de agua, aire y suelos envenenados por la minería, sin mencionar los desmanes de la minería ilegal, los dirigentes de las sociedades de hidrocarburos y de minería proponen abrir las áreas naturales protegidas para su explotación. Y para colmo reciben apoyo del Presidente del  Directorio de Perupetro, la empresa que distribuye a su antojo gran parte del territorio nacional, excepto, claro, parte de las áreas naturales protegidas.

 

En efecto, fue noticiado que ambas sociedades, a las que se sumó el Presidente del Directorio de Perupetro, recomiendan al nuevo gobierno cambiar la legislación sobre áreas naturales protegidas por el Estado para permitir actividades de las empresas de sus gremios en los últimos y únicos reductos naturales del Perú. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos alega que el marco legal referido para estas zonas “genera inestabilidad y es un riesgo para las actividades de inversión”. Considera la necesidades que se establezca “reglas claras” y agrega que “hay varias disposiciones que limitan, no sólo la protección de derechos adquiridos, sino también directamente el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y otras actividades”.

Esas declaraciones, además de ser erróneas, atentan contra principios que son fundamentales en cualquier sociedad civilizada. ¿De dónde los que hicieron esas declaraciones sacaron que una nación no puede o no debe dejar parte de su territorio sin uso para conservar muestras de la naturaleza, de su patrimonio biológico, de sus bellezas naturales y para mantener servicios ambientales sin los que la vida no es viable?

Las áreas naturales protegidas son una expresión del comportamiento civilizado y del desarrollo sensato. No se niega ni se ignora la necesidad de transformar gran parte del entorno natural para producir los bienes que la sociedad necesita, incluyendo alimentos, energía y, claro, minerales. Pero todos saben que hay que establecer un equilibrio entre lo que se usa y lo que se preserva para no dificultar el presente ni arriesgar el futuro. Ese es el equilibrio que esos personajes parecen desconocer o querer romper, apenas para favorecer intereses particulares y de corto plazo y, como se verá, de dudosa necesidad.

En primer lugar cabe recordar que la ley vigente sobre áreas naturales protegidas es de 1997 y que, por lo tanto, lleva casi 20 años siendo respetada, lo que como es evidente no ha frenado el crecimiento economico nacional. Más aún, las áreas protegidas contribuyen crecientemente al desarrollo regional, tanto por el valor de los servicios que proveen como por el impulso al turismo y a otras actividades económicas. Y, mediando inversiones en ellas, pueden aportar mucho más.


Derrame de petróleo en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria en 2013 (Foto Observatorio Petrolero)


Pero hay más. Las justificaciones dadas por quienes han declarado no corresponden a la realidad. Las áreas naturales protegidas del Perú cubren 17,2 % del territorio. Pero de esas, las que “categóricamente” (principalmente parques nacionales) prohíben usos mineros o petroleros cubren solo 7,5% del Perú, lo que es menos que las recomendaciones internacionales. Sin embargo, aun en esos casos hay excepciones que, precisamente, respetan derechos adquiridos como en el Parque Nacional Huascarán. En las demás categorías (uso directo) puede haber exploración y explotación minera o petrolera y de hecho eso ocurre, por ejemplo en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, donde el petróleo ya provocó desastres socioambientales. Pero, como es obvio, en esos casos las actividades económicas deben respetar reglas un poco más severas. Y eso es lo que no les gusta.

De otra parte, en 2014 había más de 50.000 derechos mineros afectando más de 23 millones de hectáreas. O sea, casi el 18% del territorio nacional, sin mencionar la minería ilegal que ya actúa en varias áreas protegidas. Y, con relación a los hidrocarburos, Perupetro ofrece lotes que cubren prácticamente todo el espacio que interesa para esa actividad excepto sobre áreas protegidas de uso indirecto, es decir los parques nacionales, donde ahora pretenden incursionar también. Es decir que las actividades mineras y petroleras cubren o pueden cubrir varias veces más espacio que las áreas protegidas en las que ellas son controladas o prohibidas. Es por lo tanto absurda la insinuación de que la explotación de hidrocarburos y de minerales está limitando la expansión de esas actividades y, menos aún, que impide “continuar con el crecimiento del país”.

Tampoco es necesario cambiar la legislación de las áreas protegidos para garantizar derechos adquiridos. Estos están definidos de manera clara y segura. Errores eventuales cometidos por alguna instancia, por ejemplo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el caso de Cordillera Escalera, han sido ampliamente superados y suficientemente aclarados con regulación posterior. Es más, en las relaciones de las áreas naturales protegidas con la minería y el sector hidrocarburos existe un largo historial de negociaciones exitosas. Apenas como ejemplo se cita los casos de la delimitación del Parque Nacional Ichigkat Muja o Cordillera del Cóndor, cuya propuesta fue recortada precisamente atendiendo reclamaciones de empresas mineras o el del recién creado Parque Nacional del Divisor, que fue fruto de negociaciones constructivas con las empresas petroleras involucradas. Y en el caso de la citada propuesta de creación de una zona reservada en el mar Pacífico tropical se llegó a considerar que derechos adquiridos concurren con nuevos eventuales titulares sobre los mismos lotes preexistentes asignados. Es, pues, falsa la declaración de que la legislación vigente obstruye el desarrollo minero o petrolero. Pero, como es lógico, estas actividades no pueden hacer lo que quieren sin pedir permiso ni sin evitar los perjuicios que habitualmente ocasionan.

Otra afirmación distorsionada es la de que “en otros países se explota petróleo en parques nacionales”. Eso ocurre, pero siempre se trata de excepciones lamentables. Acontece, por ejemplo, en el Parque Nacional Virunga, en la caótica República Popular del Congo y también, para vergüenza de nuestros vecinos, en Ecuador, en su Parque Nacional Yasuní, lo que en ambos casos tiene un alto costo para el prestigio de esos países. Retornando al tema de fondo: ¿Acaso es tan difícil aceptar que una parte, siempre menor, de los países pueda mantenerse libre de la codicia y de la destrucción? ¿Acaso no se entiende aún que petróleo y minerales son recursos finitos mientras que la vida puede ser eterna? ¿Acaso no es obvio que el planeta y el Perú ya estén en una grave encrucijada ambiental?

¿Y por qué proponen eso ahora, cuando el precio del petróleo está por los suelos, lo que también ocurre con muchos minerales? El precio de los minerales se recuperará probablemente, pero en el medio y largo plazo la energía fósil está irremediablemente condenada a ser sustituida por fuentes renovables.

Lo cierto es que en el Perú hay espacio para todas las necesidades, tanto las “productivas” como las que aseguran la economía del futuro y la calidad de la vida. En lugar de romper el balance entre el presente y el mañana, los empresarios petroleros y mineros deberían ser más serios en cuanto a aplicar las muchas tecnologías disponibles que siendo más limpias y seguras, aumentarían su producción y bajarían sus costos. Ser productivo y competitivo no equivale a ampliar ilimitadamente el espacio que se explota.

*Marc Dourojeanni es profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina.

Por Marc Dourojeanni*


Fuente: Boletín Actualidad Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA): http://www.actualidadambiental.pe/?p=39762

 

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